Un denominador común marca a los últimos gobiernos de Perú: Fujimori, Toledo, García, Humala, una política de Estado de favorecimiento ilegal de las empresas brasileñas que constituyen un cartel empresarial-criminal de origen brasileño pero que extendió sus operaciones a todo América y también a países africanos de habla portuguesa. 

LA SUBVERSIÓN NEOLIBERAL DEL ESTADO

Parece contradictorio hablar de una ilegal política de Estado, Pero es así: estos gobiernos utilizaron los instrumentos jurídicos con que el Estado reglamenta el comportamiento de la sociedad pata introducir normas y procedimientos que subvierten la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, los principios constitucionales y todos los progresos de equidad y justicia propios de la convivencia de la sociedad contemporánea. En el marco de la agresión neoliberal contra los progresos de la humanidad en todo el mundo, en el Perú cuatro sucesivos gobiernos utilizaron ese escenario para someter a las instituciones públicas y a la población a una organización criminal de la que pasaron a formar parte, convirtiendo al Estado peruano en instrumento fundamental del trasvase de recursos públicos, del Tesoro, y propiedades comunales hacia el dominio del cartel criminal.

La pobre performance del Ministerio Público no ha impedido que se vaya llegando progresivamente a la certeza de la implicación de Toledo, García y Humala; todos mencionados en documentos incautados al cartel en Brasil; como los obtenidos de las oficinas de Pietro Giavina Bianchi en el caso Castillo de Arena y a Lucia Tavares en sus oficinas de El Salvador de Bahía. En igual sentido portan las cuentas descubiertas en Andorra, próximas a España; y las estructuras empresariales de offshores a través de las cuales se lavó, tratando de ocultarlo, el dinero que salió del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú.

COIMA Y CORRUPCIÓN EN EL ESTADO, DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

El Informe Pari, elaborado en el marco de la actuación de la Comisión Investigadora del Congreso anterior, establece una relación indisoluble entre el pago de coimas y la ejecución de irregularidades en los procesos de adjudicación de obras y concesiones del Estado a favor de las empresas del cartel brasileño y de sus empresas socias peruanas (Graña, JJC, etc.). La coima a favor del funcionario público (Presidentes, Ministros, congresistas, miembros del comité de selección, Presidentes regionales, asesores jurídicos) tenían como contraprestación adjudicaciones irregulares, actas de PROINVERSION fraguadas, pagos fraudulentos, reconocimiento de obras no ejecutadas, ampliaciones de plazos, etc. Todo en el marco de una bien diseñada ingeniería financiera del crimen. Y de un bien estructurado paquete normativo ad hoc que garantizaba impunidad al brazo ejecutor de funcionarios públicos de rango menor que así actuaba bajo un paraguas con apariencia de legalidad.

LA CONSTITUCIÓN DE 1993 Y EL PARAÍSO FINANCIERO

La consagración de la economía privada y la exclusión jurídica del Estado de la actividad económica, estableciendo su subsidiariedad, la dio la Constitución fujimorista de 1993; poniendo en manos de las transnacionales el mercado de inversiones del Perú. A lado de esto, la dictadura generó un conjunto de normas que eliminó los controles del Estado sobre las empresas que operaban a nivel internacional; es el caso del Decreto Legislativo 662. Así se fueron gestando las condiciones legales que convirtieron, ahora se conoce plenamente, al Perú en un paraíso financiero para el lavado de activos, bajo el disfraz de promoción de la inversión privada.

El procedimiento de las adjudicaciones y contratos de obras y concesiones durante el fujimorato es cuestión que requiere una investigación a parte. Pero, los crímenes financieros con recursos públicos que se han cometido en los gobiernos posteriores al de Fujimori se han cometido bajo la cobertura “jurídica” creada durante la dictadura. A partir de la formación legal de los noventa, se estructuró una legislación ad hoc para cada proyecto destinado a ser ejecutado por el cartel criminal brasileño ampliado a empresas socias peruanas. Tal el peso específico del cartel criminal en los sucesivos gobierno que contaron con legislación ad hoc por cada proyecto.

EL CRIMEN CONFISCATORIO CONTRA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLMOS

En el caso del proyecto Olmos, cuyo antecedente es el proyecto Chavimochic (primera etapa) ejecutado precisamente por Odebrecht en el primer gobierno de Alan García, la legislación ad hoc se inicia con Alberto Fujimori. Así el 03 de junio de 1999 da el Decreto Supremo 017-99-AG, en el que se incorporan al dominio del Estado las tierras eriazas del ámbito de influencia del Proyecto Hidroenergético Olmos. Pero era el caso que las “tierras eriazas” eran (y son) propiedad de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos. ¡Se había producido una CONFISCACIÓN de las inalienables tierras de una COMUNIDAD CAMPESINA!

Ese Decreto Supremo del despojo fue dotado de “fuerza de ley”, en una extraña figura jurídica o seudo jurídica avalada por un Congreso sometido bajo la presidencia de Martha Hildebrandt.

El 14 de setiembre de 1999, la Ley 27172 “da fuerza de ley” a la confiscación ministerial de 11 mil hectáreas propiedad de la Comunidad Campesina de Olmos. Acto inconstitucional, y por tanto nulo, inclusive desde el punto de vista de la propia constitución dictatorial de 1993. Esta fue la base de la posterior entrega criminal de las tierras de la Comunidad Campesina de Olmos a la organización delictiva de Odebrecht. Ochenta años de sueños de los lambayecanos destruidos por la corrupción.

DESIGNACIÓN DEL BRAZO EJECUTOR DE LA CORRUPCIÓN

Dos años después, el 14 de setiembre de 2001, con la Resolución Suprema 444-2001-EF, avanza la construcción del viaducto legal que permitirá trasvasar dinero del Tesoro público a las arcas de Odebrecht, y las tierras de la Comunidad de Olmos principalmente a dos empresas: la misma Odebrecht y el Grupo Gloria. Esta última también debe ser investigada como beneficiaria de este esquema delictivo en el caso Olmos. Claro que la dictadura había caído y nuevos personajes operaban el mismo proceso: Alejandro Toledo, Roberto Dañino y Pedro Pablo Kuczynski designaron, entre otros, a Sergio Bravo Orellana como miembro del Comité Especial de Promoción de la Inversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos.

En mérito a esta designación, Sergio Bravo Orellana cumplirá después un destacado papel en la ilegal adjudicación de los proyectos de las carreteras interoceánicas a Odebrecht, lo mismo que en la adjudicación del proyecto Trasvase Olmos, donde suplantó al Comité de Evaluación de Propuestas designado por el Gobierno Regional de Lambayeque. En realidad hubo una sola propuesta cuya parte económica no fue vista por el Comité cuyos miembros se alejaron del proceso de adjudicación. Ahora Sergio Bravo es investigado por las concesiones de las interoceánicas; pero todavía no por la concesión de trasvase Olmos. Pero Bravo es solamente el ejecutor de una voluntad mayor, la de Alejandro Toledo que ejecutó su voluntad a través de un aparato de poder: PROINVERSION dirigida por Pedro Pablo Kuczynski (PPK) quien tenía a Bravo como principal operador. El pago de coimas a Toledo está demostrado. Los pagos a PPK han empezado a asomar a pesar de las “aclaraciones” de Fernando Zavala.

CONVIRTIERON AL ESTADO EN GARANTE DE LA CORRUPCIÓN

El viaducto normativo por donde han pasado como por un tubo las concesiones de los proyectos a las empresas brasileñas y millones de las sobre ganancias ilícitas también blindó estos actos mediante convenios de estabilidad jurídica. Es decir, el Estado dando protección al crimen. En el caso de Trasvase Olmos el Convenio de Estabilidad Jurídica fue firmado por Jorge Henrique Simoes Barata por los brasileños y por Carlos Bruce Montes de Oca y Percy Velarde Zapater por el Estado peruano. Velarde está implicado con Bravo Orellana en los sucesos del 04 de agosto de 2005 relacionados a un Acta, aparentemente fraguada, del Consejo Directivo de PROINVERSION, que lleva la firma de Pedro Kuczynski Godard. Por su parte, Umberto Olcese, mencionado por la Policía Federal de Brasil en el caso Castillo de Arena, declaró que fue Guillermo Bruce el que le dio el dinero que depositó en una cuenta abierta en un paraíso financiero.

DEUDAS PARA EL ESTADO, GANANCIAS PARA ODEBRECHT

En febrero de 2006, el trío Toledo – Kuczynski – Fernando Zavala emitió el Decreto Supremo 014-2006-EF, por el que entre otras garantías, otorgan la de 401 millones de dólares por los pagos comprometidos por la prestación del servicio de agua. Es decir, un proyecto cuya inversión se calculó en 122 millones de dólares, de los que el Estado aportó 77 millones, dio lugar a una obligación de pagos del Gobierno Regional de Lambayeque que éste no podía honrar; por lo que el Estado tenía que garantizarlos. Así se demuestra que, con el actual planteamiento vigente a favor de Odebrecht, el Proyecto Hidroenergético OLMOS se trata de un proyecto no viable, que no era auto sostenible, que en la etapa operativa endeuda al Gobierno Regional de Lambayeque y al Gobierno Central por montos mayores a la inversión. Donde definitivamente se observa el trasvase delictivo de dinero del Estado a favor de una organización criminal utilizando este viaducto normativo-contractual.

COMUNEROS DE OLMOS DESPOJADOS DE SUS TIERRAS Y SIN SEGURIDAD JURÍDICA

El 31 de diciembre de 2009, los nuevos actores políticos en el Ejecutivo emiten el Decreto Supremo 049-2009 que declara de necesidad pública la ejecución de las obras de irrigación del proyecto Olmos. Realmente estaba dirigido a crear la indefensión de los pobladores lambayecanos que ocupaban los terrenos destinados a Odebrecht. En su artículo 2, inciso “c”, establece que para reclamar derechos de posesión deberán presentar una contra cautela personal efectiva y de ejecución inmediata, etc. Establece una justicia al servicio de Odebrecht. Esto lo firman Alan García Pérez, Yehude Simon Munaro, Luis Carranza Ugarte y Carlos Leyton Muñoz.

Yehude Simon firmó en su condición de Primer Ministro del gobierno aprista. Él renunció al cargo de Presidente Regional de Lambayeque, y fue durante esta gestión que se implementó el ingreso de Odebrecht en la fase Trasvase de Olmos. Desde su posición de Premier, obtenida después de asistir a Expo Perú-Brasil 2008 (Sao Paulo), contribuyó a “destrabar” la adjudicación del sistema de irrigación por Odebrecht y de las tierras de Olmos por Odebrecht y el Grupo Gloria, mediante el desalojo físico de los pobladores de la zona de influencia del Proyecto Olmos; que no eran sino los comuneros de la Comunidad Campesina de Olmos.

AFECTACIONES

Ensayamos, para el caso Olmos, un cálculo de la afectación al estado y a la sociedad de los actos delictivos de las empresas de Odebrecht, sus funcionarios y los funcionarios públicos cómplices: